El 25 y 26 de septiembre se realizaron las 29° Jornadas Internacionales de la TV por cable de ATVC y CAPPSA; convergencia, plataformas, regulación, los ejes del encuentro, con la macroeconomía como fondo
Mientras en una reunión del sector las autoridades reguladoras destacaron la “libertad de expresión” y los avances de conectividad logrados en los cuatro años de gestión, la industria de la TV cable solicitó menores gravámenes y reglas de juego estables.
Estas manifestaciones tuvieron lugar este 25 de septiembre, al inaugurarse las 29º Jornadas Internacionales (2019) de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) y la Cámara de Productores y Programadores de señales Audiovisuales (CAPPSA). Las dos entidades nuclean a más de 600 operadores de TV paga de la Argentina y a decenas de señales que se reproducen en las pantallas de esos operadores.
En la ceremonia inaugural estuvieron presentes los directivos de ambas asociaciones, autoridades locales y nacionales (Secretaría de Gobierno de Modernización, ENACOM), representantes gremiales (SATSAID) y reguladores de países vecinos como Paraguay y Uruguay.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, señaló en dicha ceremonia que “cada día que pasa esta industria ofrece crecimiento y trabajo” y expresó que “ha colaborado con la inclusión, al llegar prácticamente a cada casa del país”, en referencia al elevado porcentaje de hogares que desde hace más de un cuarto de siglo cuenta en Argentina con televisión por cable.
Rodríguez Larreta calcula que “cerca de un 10 por ciento” del PBI porteño está generado por industrias creativas y del conocimiento, entre las cuales incluyó al sector audiovisual, la tecnología y el diseño, extendiéndolas hasta “la gastronomía”.
Por su parte, el titular de CAPPSA, Sergio Veiga, recordó en ese mismo evento que la presente reunión es la número 29 y que habían transcurrido casi 30 años del primer evento de este tipo, los que siempre trajeron “formatos de innovación”. Destacó que las compañías y señales de cable —desde pymes hasta grandes empresas nacionales— competían con “nuevos jugadores a escala mundial”.
Señaló las desventajas comparativas que tienen esos actores locales: “nuevos impuestos, créditos pagos, devaluaciones que encarecen los pagos al exterior de contenidos y tecnologías”.
El directivo de señales solicitó “reglas de juego estables”, “menores impuestos” y también “acuerdos básicos”, afirmación esta última que pareció una definición relacionada con los cambios políticos que pueden sobrevenir en el país.
Walter Burzaco, presidente de ATVC, hizo un repaso de mayor profundidad histórica. Dijo que “en cinco décadas el sector no cejó en su voluntad de desarrollo”. La TV por cable se inició en la Argentina exactamente en 1963 casi al unísono en Salta, Villa Mercedes (San Luis) y Villa María y recién entre 1981/1983 pasó a operar como servicio “complementario” en las grandes urbes.
Recordando las operaciones artesanales de aquellos primeros cables dijo que “desde un muy atomizado comienzo, nuestro sector ha evolucionado y crecido y nos encuentra en ahora en plena convergencia”. Agregó que hoy día el panorama de la TV paga constituye un “ecosistema de empresas nacionales e internacionales, pymes y grandes por igual”.
Destacó que a pesar de la crisis económica y del sector “Argentina continúa con la mayor penetración del cable” (alrededor de 75-85% en las últimas dos décadas).
Las OTT, puntualizó Burzaco, surgieron en un escenario desregulado contra el cable que, en cambio, debe someterse a distintas normas. De esta forma, curiosamente, reproducía el argumento de hace décadas de la TV abierta contra los propios cables, cuando los canales de aire se quejaban de la proliferación y funcionamiento entonces no regulado de los sistemas de TV paga, que eran autorizados apenas por los municipios y no tenían exigencias de programación local, noticiosa o en vivo (pese a lo cual esos espacios ocupaban importantes horarios de transmisión).
Burzaco exhortó a “disminuir las sobrerregulaciones” y eliminar impuestos sobre los servicios de TV paga nacionales y, en cambio, pidió el establecimiento de “algunas” regulaciones y cargas impositivas para servicios extranjeros.
Trajo a colación palabras del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que dijo que “es absurdo” que proveedores de conectividad no perciban beneficios por sus inversiones de parte de sitios audiovisuales que usan intensivamente las redes.
Burzaco se mostró complacido de que el diálogo con las autoridades reguladoras durante estos cuatro años fue “constante”. En otra referencia que podía interpretarse como alusiva a un nuevo escenario político dijo que hará falta “una continuidad del diálogo”.
Libertad de expresión
La presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Silvana Giudici, dijo que el principio de la “libertad de expresión” es el factor que debe “unirnos en todas estas cosas”. Recordó que hace una década estaba dando “batallas” por esa libertad, en evidente alusión a las épocas de la Ley de Medios Audiovisuales de 2009, la que contenía una serie de disposiciones consideradas lesivas contra esa libertad por parte de distintos actores comunicacionales y políticos.
Dijo que este gobierno “fue el que más hizo por la libertad de expresión” sin que hubiera medios o periodistas perseguidos por su trabajo o sus opiniones.
Señaló que se adjudicaron entre 2015-2019 147 nuevas “licencias para cable” en procesos de trámites que demoraban “menos de 60 días”. Sin embargo, pocas de estas licencias —en realidad licencias TICs con registro de radiodifusión por suscripción— fueron efectivamente empleadas.
Giudici también precisó que en ese mismo periodo se otorgaron (por adjudicación directa, concursos simplificados y concursos normales, según los casos) un total de 1063 “licencias de radio y TV”.
Estos otorgamientos, presumiblemente, incluyen los correspondientes a las regularizaciones de Permisos Precarios y Provisorios (PPP) de emisoras de FM, los que aproximadamente en unas docenas de casos pasaron a obtener licencias plenas en los últimos meses, resolviéndose así problemas que se venían arrastrando desde hacía tres décadas.
Sin embargo, según la asociación de radios ARPA, aún persisten en el aire miles de emisoras de AM y FM sin licencias ni PPP —que superan holgadamente a las que cuentan con estos últimos permisos— para las que no se ha determinado ningún plan. Lo mismo puede decirse para cerca de un centenar de canales de TV abiertos de baja potencia de distintas localidades del país.
El secretario de gobierno de Modernización y vicejefe de Gobierno, Andrés Ibarra, se refirió a la “desburocratización” que su cartera llevó adelante en estos años, para poner “el Estado al servicio de la gente” ya que ahora, “la compras y los datos son digitales y transparentes”.
Ibarra dijo que en cuatro años ha habido un “avance impresionante” del acceso a banda ancha fija, que aumentó de 6,8 millones de hogares en 2015 y a 9 millones en el corriente año 2019. Además, según afirmó, la velocidad de datos de esa red se incrementó en ese mismo lapso de 4,5 Mbps a 20 Mbps.
Asimismo, indicó que hay disponibles servicios móviles 4G “de al menos un prestador” en 2500 localidades (contra 600 localidades en 2015). Dijo también que desde hace cuatro años hasta hoy la red de fibra óptica de ARSAT se extendió de 6000 a 30.000 kilómetros iluminados.
Sostuvo que esa empresa estatal contribuyó a la reducción del precio mayorista de los datos, permitiendo ofrecer servicios más rápidos y económicos a ISP de zonas apartadas o aisladas. Igualmente, el titular de Modernización informó que la conectividad rural se amplió a 3200 escuelas rurales y despliegues en localidades más pequeñas (500 habitantes) que ahora cuentan con Internet satelital domiciliario.
También hizo referencia a la licitación de frecuencias en la banda de 450 MHz para ofrecer servicios de banda ancha en zonas rurales y dijo que se han adjudicada unas 50 “áreas” que cubren unos 100.000 kilómetros cuadrados.-
Ibarra dijo que en la gestión del actual gobierno se otorgaron más de 1000 licencias TICs, así como 228 licencias “AM/FM” (cifras estas últimas que parecen diferir de las suministradas por la titular del ENACOM), aludiendo también a “144 PPP regularizados” (número que aparentemente se refiere a los PPPs que solicitaron ser incluidos en la regularización, pero no a los que efectivamente recibieron hasta ahora una licencia).
Finalmente hizo referencia a los 450 millones de pesos otorgados en concepto de aportes de FOMECA (fondos de fomento para emisoras “comunitarias, de frontera o de pueblos originarios”).
Ibarra dijo que la cartera a su cargo y particularmente las autoridades de comunicación han actuado “con transparencia” y “capacidad de escuchar y finalizó que durante la gestión de los últimos cuatro años: “no ha habido extorsión ni patoterismo”.
Fuente: Jose Crettaz
Autor: Roberto H. Iglesias
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